El Compliance penal es un conjunto de herramientas de carácter preventivo, que tienen por objeto garantizar que la actividad que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo hagan de acuerdo a las normas legales, políticas internas, códigos éticos y cualquier otra disposición que la misma esté obligada a cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria, como parte de sus buenas prácticas.
Actualmente, tras la comisión de un hecho delictivo por parte de los administradores, legales representantes, directivos o trabajadores de una sociedad, podrán ser declarados penalmente responsables tanto la persona física que haya cometido el delito, como la propia persona jurídica, a quien se le podrá imponer penas que pueden ir desde la suspensión temporal de actividades, hasta la clausura o disolución de la sociedad, pasando por su intervención.
De esta manera, se quiere trasladar a las corporaciones empresariales una función de prevención y control de los riesgos delictivos que puedan manifestarse en el ejercicio de su actividad social.
Por este motivo, cada vez más empresas comprenden la importancia de implementar una adecuada política de gestión de sus riesgos penales, con la finalidad de prevenir el riesgo de comisión de delitos en el seno de sus estructuras, así como minimizar, o en su caso atenuar, las importantes consecuencias jurídicas contempladas en el Código Penal ante su eventual comisión. Disponer de un Compliance puede reportar a las empresas otros beneficios, como asegurar el patrimonio creado, mejorar la posición de la empresa en un concurso público y/o licitación, facilitar un entorno de trabajo serio, seguro y responsable y no perder la competitividad respecto de otras empresas del sector.
Desde Farriols de la Cruz nos podemos encargar del diseño e implantación de un modelo integral de prevención de delitos sólido y eficaz que se adapte perfectamente a las necesidades de tu organización. Trabajaremos contigo para hacer un mapa de riesgos penales, minimizar la posesividad e impacto de la comisión de delitos de forma efectiva y te ayudaremos a crear una verdadera ética de cumplimiento a través de formación y acciones correctivas.
Específicamente, desde febrero de 2023 es obligado por todas las empresas de más de 50 trabajadores dotarse de un canal de denuncia que permita la gestión de todas las irregularidades de que se informe con garantía total de confidencialidad e indemnidad por la persona informante y respeto por los derechos de las personas denunciadas.
En Farriols de la Cruz, Abogados, no sólo te ayudamos implantar la aplicación informática más segura, sino que nos encargamos de su gestión y de la investigación de las denuncias que lleguen al Canal, ayudándonos a reaccionar ante estos incumplimientos.
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